Argumenta la Sedetus que serían terrenos nacionales y pide a notarios, RPPC y Catastro no realizar ningún movimiento
Redacción
Mundo Ejecutivo
Bajo el argumento de podrían ser “terrenos nacionales”, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) mantiene paralizadas las operaciones inmobiliarias en el corredor Cancún-Isla Blanca.
Los terrenos boletinados desde marzo pasado por la Sedetus, corresponden a los predios denominados Santa Fátima y Francisco Javier, ubicados entre Costa Mujeres e Isla Blanca.
Se trata de una zona de fuerte expansión turística, que cuenta actualmente con 11 mil 667 habitaciones hoteleras y la proyección es alcanzar hasta 30 mil en los próximos años. Ello, impulsado por proyectos como la ampliación de la carretera Cancún–Isla Blanca y el desarrollo de nuevos proyectos turísticos en la zona.
Los propietarios de los predios ubicados en la zona de expansión turística Cancún–Isla Blanca, denunciaron que enfrentan restricciones administrativas que les impiden ejercer plenamente sus derechos de propiedad. Lo anterior, luego de que la Sedetus emitiera oficios en los que presume que dichos terrenos podrían ser «terrenos nacionales».
Explicaron que desde marzo pasado, notificó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), Catastro Municipal y notarios públicos de Quintana Roo no realizar movimientos con esos predios.
De acuerdo con los afectados, la medida ha paralizado todo tipo de trámites y actos de dominio, pese a que cuentan con escrituras públicas debidamente inscritas en el RPPC. Aseguran que también tienen una cadena de propiedad acreditada y han cubierto durante décadas el impuesto predial y otros derechos.
Sostienen que ninguna autoridad puede desconocer derechos de propiedad privada mediante oficios administrativos. Por ello, solicitan la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para aclarar la situación.
Además, dejaron en claro que no se oponen al desarrollo turístico ni a la construcción de infraestructura en una zona que aún carece de servicios públicos. Aunque cada año aumenta el valor catastral y sus pagos, señalaron que carecen de agua potable, energía eléctrica, drenaje y pavimentación. Por eso, incluso tienen que aportan recursos propios para el mantenimiento del camino de acceso a Isla Blanca, utilizado por habitantes y turistas.
Sin embargo, demandaron que el crecimiento se realice con pleno respeto al Estado de derecho y a la certeza jurídica de quienes poseen legalmente inmuebles en el área.
En ese sentido, afirmaron que cualquier controversia sobre la naturaleza jurídica de los terrenos debe resolverse mediante los procedimientos previstos en la legislación aplicable. Apuntaron que no se debe hacer a través de oficios administrativos cuando existen antecedentes registrales, documentación y resoluciones judiciales que, aseguran, respaldan la propiedad privada.