En 2025, Quintana Roo vivirá un proceso electoral histórico: por primera vez, la ciudadanía podrá participar en la elección directa de jueces y magistrados, en el marco de la reforma judicial impulsada a nivel nacional. Esta transformación representa un giro profundo en la forma en que se conforma el Poder Judicial, con implicaciones importantes para la democracia, la transparencia institucional y la relación entre los ciudadanos y la justicia.
Este cambio responde a una demanda social de mayor apertura y rendición de cuentas por parte de los órganos de justicia. En lugar de ser nombrados por el Poder Ejecutivo o Legislativo, los nuevos funcionarios judiciales serán elegidos mediante voto popular, lo que promete acercar la impartición de justicia a la voluntad ciudadana.
En Quintana Roo, el proceso contempla la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y de jueces de primera instancia. Cada uno de estos cargos tendrá una duración determinada —que puede ir de cinco a once años— y, en algunos casos, posibilidad de reelección. Las autoridades electorales del estado ya han comenzado los preparativos para garantizar una jornada ordenada y con amplia participación ciudadana.
Además, se ha puesto en marcha una campaña para difundir información sobre los perfiles de las personas candidatas. A través de plataformas digitales, los votantes podrán consultar la trayectoria profesional, académica y ética de quienes buscan ocupar estos cargos, así como conocer sus posturas sobre temas clave de justicia.
Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos. Si bien la elección directa de jueces y magistrados puede fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, también genera inquietudes sobre la posible politización de la justicia. Expertos han señalado que los partidos podrían tratar de influir en las campañas, y que la ciudadanía podría no contar con la información técnica suficiente para tomar decisiones plenamente informadas sobre perfiles altamente especializados.
Aun así, este momento marca una oportunidad para renovar la confianza en las instituciones y consolidar un sistema judicial más abierto y participativo. Quintana Roo, como uno de los estados con mayor crecimiento poblacional y turístico del país, necesita un sistema de justicia que esté a la altura de sus desafíos sociales y económicos. La elección de sus jueces y magistrados por voto directo podría ser el primer paso para lograrlo.
Con la fecha marcada en el calendario —1 de junio de 2025—, inicia la cuenta regresiva para un proceso inédito que podría redefinir la relación entre el poder judicial y la ciudadanía en el estado.